El día de la Mujer Trabajadora se suele explicar como la conmemoración de un incendio que se dió en Nueva York en una fábrica por una protesta de las propias trabajadoras en 1908, pero la realidad es que el incendio que se destaca en EEUU es el 25 de marzo de 1911. Las trabajadoras de esta fábrica, Triangle Waist, habían intentado participar en huelgas legendarias como la Uprising of 20,000 pero no pudieron conseguir sus propósitos.
Las medidas de seguridad en caso de incendio en las fábricas era pésima, por ello, un incidente que pudo evitarse, costó la vida de 146 trabajadores (de estos, 123 mujeres).
Mientras, al otro lado del mundo, Clara Zetkin planteaba crear un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para poder hablar de los problemas específicos de las obreras. De hecho, es famosa la revolución de las obreras textiles de Petrogrado que se manifestaron pidiendo paz y pan.
Por ello, debemos entender la doble carga que podemos sufrir las mujeres en toda cuestión, y esto se traslada a la problemática de la vivienda. Lo podríamos explicar
con tal solo tres datos que reflejan perfectamente esta realidad: 2 de cada 3 trabajos precarios los ocupan mujeres, su tasa de temporalidad es del 24% (y ha subido 4 puntos más por la crisis económica).
Pero, lo cierto, es que pretendemos profundizar más en ello, para poder entender la gravedad del asunto.
De hecho, estudios hablan de como la discriminación que sufren las mujeres en materia de salarios y condiciones laborales y otros obstáculos (violencia de género, acceso a la educación, dificultad de conciliar vida familiar y vida laboral, etc.), generan esta especificidad en el problema de la vivienda y la mujer.
De esta manera las más afectadas suelen ser mujeres jóvenes, mayores, en hogares monomarentales, víctimas de la violencia de género, inmigrantes, ex presidiarias, prostitutas y víctimas de explotación sexual y, en general, provenientes de todos aquellos hogares que dependen económicamente de una mujer.
Las jóvenes, junto con las migrantes, suponen casi la totalidad de nuevos hogares,
y de nuevos demandantes de vivienda. Se caracterizan por empleos temporales y
precarios con bajas remuneraciones.
Las mayores, afectadas aún más por la combinación de pobreza y parque antiguo deficiente de viviendas, aquí destacamos la feminización de la vejez y de la pobreza; todo ello, mientras las condiciones residenciales empeoran, sus recursos económicos disminuye, y así, sus limitaciones se acentúan cada vez más.
En el caso de los hogares monomarentales, hay una exclusión específica, de hecho
el 53% de estos hogares se encuentra en riesgo de exclusión, frente al 28% general.
En el Informe Nacional de FEANTSA, se dice que ‘’buena parte de estas familias monomarentales (…) se derivan en parte de la previa situación de dependencia respecto del varón que se ha alejado como consecuencia de un proceso de separación, divorcio, encarcelamiento, enfermedad, muerte y/o emigración’’.
En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, hablamos de que hay una necesidad, casi siempre, de una nueva vivienda. Cualquier programa de atención a las víctimas entiende que para poder tener éxito, el acceso a un nuevo alojamiento es un punto clave. En España, según la Encuesta sobre las Personas sin Hogar (INE, 2004), un 26,8% de las personas atendidas en los centros de atención a personas sin hogar fueron mujeres maltratadas.
En el caso de las mujeres migrantes, hablamos de precariedad económica, la inestabilidad laboral, la fragilidad social que conlleva la menor disponibilidad de redes relacionales y la manifiesta discriminación que sufren en el mercado inmobiliario, tanto en acceso a la información como a la contratación de estas.
La vivienda es, sin duda, una de las barreras más complicadas que la comunidad inmigrante debe superar en el camino hacia la normalización, en esta se resume y expresa la condición social del inmigrante.
En las mujeres migrantes, se suele recalcar el de las trabajadoras del hogar.
Trabajan y viven en la vivienda, por ello, pueden padecer graves problemas de aislamiento físico y psíquico.
En las mujeres ex presidiarias, con unas condiciones económicas precarias, una necesidad de inserción en el mundo laboral y víctimas de muchos prejuicios; ellas sufren discriminación laboral, la más frecuente ruptura familiar, a veces la necesidad de recuperar la tutela (y la posibilidad de tener que llevar las condiciones de un hogar monoparental).
Y en las mujeres en la prostitución, la mayoría víctimas de trata, que necesitan el
apoyo económico, sanitario, legal, psicológico y habitacional previo a su reinserción social.
Por ello, entendemos que la cuestión social no puede entenderse sin la cuestión
económica.
De esta forma, resaltamos cómo la violencia económica que sufrimos las mujeres (más de 2 millones en toda España), es una de las máximas representaciones de cómo se aprovecha nuestra discriminación laboral y social, en nuestra contra. Todo ello, mientras el Estado y la justicia, miran hacia otro lado.
Es por eso, que luchando y organizadas, como en nuestro origen, es como podremos hacer que no quede ni una sola sin hogar.
Hacemos un llamamiento a las vecinas de Málaga a que se unan a nuestra causa, codo con codo, compañera con compañera, ¡no pararemos hasta conseguirlo!
PAHMalaga