Cuando se habla de pequeños propietarios, como los únicos e incluso, los más afectados por la ocupación, se obvian las propiedades de la banca, los fondos buitres y de toda la oligarquía financiera española.
El PP no está defendiendo la propiedad, está defendiendo la especulación. Utilizar a los pequeños propietarios es una estrategia para mirar hacia otro lado.
Por otro lado, Málaga es la cuarta provincia con el alquiler más alto en todo el país, y a esto le sumamos que la renta por hogar en Málaga es de unos 24.287€, y el gasto de la vivienda supone unos 9.536€ anuales, suponiendo un 39,26% de la renta de un hogar medio (es decir, más de ⅓ de los ingresos de un hogar van exclusivamente al alquiler).
En cuanto al paro, Málaga es la tercera provincia con mayor aumento de paro en España, no podemos pagar ⅓ de un sueldo que no tenemos, para un alquiler que no para de subir.
Esto sumado a la escasez de viviendas destinadas a alquiler social aboca a las familias a la ocupación como única posibilidad real de tener un hogar.
La ONU analiza la responsabilidad de los Estados para que la especulación de los fondos buitres no vulneren los derechos humanos (como es el derecho humano de la vivienda).
En cuanto a las mafias, se habla de cómo la ocupación incrementa la mafia, de esta forma se victimiza al gran tenedor (y a las mafias detrás de este) y se criminaliza a las víctimas que no tienen un derecho tan básico como el de la vivienda. Si quieren acabar con las mafias, deben acabar con la especulación de vivienda.
Este tipo de mociones si ayudan a la proliferación de empresas llamadas antiocupa, que son de dudosa legalidad,y que vulneran los derechos de los ciudadanos acosando, amedrentando e incluso usando la fuerza física contra las familias en una situación desesperada.
La moción para el debate pleno del PP no da una solución a la ocupación ni al problema de la vivienda, sin embargo, pretende que el desalojo por parte de las Fuerzas del Estado se haga entre 24 y 48 horas. No hay ni diálogo, ni posibles nuevas vías para ayudar a las familias, es más un intento de usar a los cuerpos de seguridad del estado para que hagan el trabajo sucio para estas entidades.
Nuestro estado ratificó el PIDESC ( protocolo internacional de derechos económicos sociales y culturales), no se puede intentar hacer de la ley una ilegalidad.
El PP presenta una moción en la línea que nos tiene acostumbrados con respecto a la vivienda y el trato a las familias vulnerables, en la que defiende a cara descubierta a los fondos buitres especuladores etcétera.
Hay que recordarle al Sr. Presidente de la Diputación, Sr. Alcalde y acólitos, que la moción habla de datos como que M. Rajoy impulsó, ideó y llevó a la práctica la ley de desahucio express, la cual dejó en la calle a una gran multitud de familias, las cuales incluyen mujeres, niños, discapacitados y personas con enfermedades terminales, y que la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Servicios Sociales no lo solucionan, estando obligados por ley, dando una alternativa habitacional engañosa a esta familia, niños, discapacitados o personas con enfermedades terminales, con 3 días en el Hostal Terminal, y que sin previo aviso, llegado el tercer día, los ponen de patitas en la calle trayéndoles sin cuidado la suerte de esta familia, niños, discapacitados y personas con enfermedades terminales.
Málaga está a la cabeza en ejecuciones hipotecarias y lanzamientos por impago de alquiler, y esto ha aumentado por la proliferación de viviendas turísticas en las últimas fechas, muchas de ellas, en manos de socimis y fondos buitres, de la que la ley promulgada por M. Rajoy le dio carta blanca para la especulación.
No es que haya inacción del gobierno, es que hay inacción por parte del Consistorio, de la Junta de Andalucía y de las instituciones, cuando tenemos una tasa de desempleo desorbidante y con unos empleos precarios, los cuales no son indicativos de calidad de vida, afectando de especial manera a las mujeres, dándose una brecha salarial y convirtiendo a las familias monoparentales y monomarentales en familias vulnerables y en exclusión social.
El PP propone como solución que se empiece aplicar el Real Decreto-Ley 1/2000 21 del 19 de enero, para que las familias con menores, discapacitados, personas con enfermedades terminales o en situación de vulnerabilidad, se vean en la calle, pidiendo que se recupere el delito de usurpación, aún a sabiendas de que este no se ha cometido.
Por todo ello, hacemos este llamamiento a las vecinas de Málaga para que se sumen a la PAH.
Debemos defender la información frente a la criminalización de las personas más vulnerables.
En estas circunstancias de tanta gravedad, contacta con nosotras desde nuestras redes, súmate a la lucha y organízate con nosotras.